DERECHO A PLAZO RAZONABLE DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SEGÚN ACTUACIÓN DEL INVESTIGADO Y FISCAL DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• Autores: Mercado Mamani, Jorge, Rodríguez Paz, Joél Peter Isaías
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez
• Repositorio: Revistas - Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:ojs.revistas.uancv.edu.pe:article/590
• Enlace del recurso: https://revistas.uancv.edu.pe/index.php/RCIA/article/view/590
• Nivel de acceso: acceso abierto

Objetivos: Establecer si el derecho al plazo razonable es determinado por la actuación del investigado y el fiscal en el desarrollo de la investigación preliminar en delitos contra la administración pública, región de Puno. Material y Métodos: La presente de investigación aplicado fue el determinado por el racionalismo crítico: carácter Hipotético – Deductivo, el cual orienta la investigación a iniciar dentro de la contrastación teórica para establecer la conjetura hipotética y posteriormente realizar una verificación empírica por medios de la aplicación de la encuesta que permite la recopilación de datos estadísticos. Resultados: Se establece que el derecho al plazo razonable en un 40% es afectado por la obstaculización realizada por el investigado y en un 38% se limita por la falta de cooperación interinstitucional en el desarrollo de la investigación preliminar en delitos contra la administración pública. Se identificó según la praxis de los abogados que en un 27% la investigación finaliza en un archivamiento, en un 37% finaliza con un sobreseimiento y en un 36% se busca sancionar por el delito residual de enriquecimiento ilícito la investigación en delito contra la administración pública en la región de Puno. Conclusiones: Se determinó como dificultades que halla el fiscal en un 21% los obstáculos que establece el investigado en la investigación, en un 22% como limitación la actuación de las pericias contables o especialidades requeridas y en un 57% la valoración de la prueba en la investigación en delitos contra la administración pública.