El sector agropecuario peruano en 1992: evaluación y recomendaciones para su desarrollo

• Autores: Escobal, Javier, Briceño Lira, Arturo
• Fecha de Publicación: 1992
• Institución: Grupo de Analisis para el Desarrollo
• Repositorio: GRADE-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.grade.org.pe:20.500.12820/343
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12820/343
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sector agropecuario; Desarrollo agrícola; Política agraria; Política de precios; Propiedad de la tierra; Crédito agrícola; Inversiones agrícolas; Perú

La actividad agropecuaria en el Perú se encuentra estancada. Tal situación es resultado de las rigideces estructurales de la economía peruana (mercados segmentados, ineficientes incluso inexistentes), de la reducida importancia que el manejo económico le ha dado en las últimas décadas a este sector y, fundamentalmente, de la poca adecuación de las políticas aplicadas en relación a las reales necesidades de la agricultura. Los programas de estabilización y de reformas estructurales que desde julio de 1990 se vienen aplicando en la economía peruana han superado en alguna medida los problemas estructurales y han mejorado el nivel de protección efectiva para la producción agropecuaria. Sin embargo, aún no se ha avanzado en áreas primordiales, como garantizar la respuesta de la oferta agrícola mediante la recuperación de la frontera agraria perdida, la mejora en la infraestructura vial y de mercados, y el fomento de la inversión en el sector; incorporar al mercado a los agricultores desligados; y corregir las imperfecciones todavía presentes en las políticas de desarrollo aplicadas en el sector. El documento propone específicamente evitar las excepciones al sistema de precios libres, buscando mecanismos más transparentes si se pretende proteger a ciertos cultivos; realizar inversiones que permitan reducir los costos de comercialización; culminar cuanto antes el proceso de asignación de derechos de propiedad, para que se pueda liberalizar eficientemente el mercado de tierras; fomentar el desarrollo de un sistema financiero rural, que opere competitivamente; emprender proyectos de inversión pública de poca envergadura pero que signifiquen un aumento sustantivo en el corto plazo de la productividad de las tierras (electrificación rural, vías de comunicación, silos, pequeñas irrigaciones, recuperación de tierras con problemas de drenaje y salinización); potenciar la transferencia de tecnologías adecuadas; regular el uso de los recursos naturales, evitando la depredación; y realizar reformas institucionales que hagan del sector público un agente propulsor del desarrollo agrario.