El uso abusivo de la prisión preventiva en el Perú, lesiona el derecho de la presunción de inocencia, análisis 2018-2020

• Autor: Del Aguila Solano, Wenceslao
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Autónoma del Perú
• Repositorio: AUTONOMA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/2293
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13067/2293
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Proceso penal; Riesgo procesal; Prisión preventiva; Presunción de inocencia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presunción de inocencia define el derecho fundamental a la libertad, pero también es deber del estado perseguir y castigar la comisión de hechos delictivos, garantizando la presencia del imputado durante el juicio en su contra, evitando obstaculizaciones indebidas del proceso y cumplir con la pena si fueran culpables; en consecuencia, siempre existirán conflictos entre estas dos instituciones jurídicas. La unidad de análisis es el Poder Judicial Peruano, en el periodo 2018– 2020. La prisión preventiva establece supuestos que restringen los derechos en aras de garantizar el proceso: 1) hay graves elementos de que posiblemente se cometió el delito; 2) La pena supera los 4 años de cárcel y 3) existe un riesgo procesal de que el sujeto puede obstruir las pruebas o fugar; este tercer supuesto es polémico por su subjetividad, y los Jueces lo utilizan como sustento para cambiar la excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva como la regla a seguir, convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. La investigación se realizó aplicando un método no experimental transversal de diseño correlacional, formulándose una encuesta consistente en un cuestionario a una muestra de 50 Juristas: Magistrados, Constitucionalistas, abogados y docentes de Posgrado, en derecho penal; los resultados corroboraron que existe en el Perú un exceso que deriva en un abuso, en la aplicación de esta medida cautelar, más del 70% de los juristas encuestados lo confirman; recomendándose algunas medidas que pudieran adoptarse respecto al código penal y sugerencias de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.