En la presente investigación, se busca cuestionar la existencia de materias no sometidas a los mecanismos de solución de controversias que contempla el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho cuestionamiento tiene como sustento al principio de equilibrio económico financiero del contrato, ya que las referidas materias excluidas son aquellas que derivan de la falta de aprobación o aprovación parcial de prestaciones adicionales, o lo que es lo mismo, del ejercicio de una potestad exorbitante. Así, en el entendido que el mencionado principio cumple la función de proteger al contratista de las decisiones unilaterales de la Administración Pública, una interpretación extensiva del mismo debería permitir que tales controversias se ventilen a través de los medios que la Ley prevé, y no por medio de Poder Judicial.

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero ...

Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En ese sentido, es de suma relevancia que todo ordenamiento jurídico cuente con los mecanismos necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los proveedores que se vinculan con la Administración Pública. Sin perjuicio de ello, también es importante que el sector privado vea protegida su inversión si es que la Entidad contratante procede de manera arbitraria. La presente investigación tiene como objetivo plantear que no existe alguna justificación pa...

En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la necesidad de adoptar el criterio de responsabilidad subjetiva en el régimen sancionador de las contrataciones del Estado. Como se verá en el desarrollo del referido análisis, el criterio de responsabilidad subjetiva es mucho más garantista de los derechos de los administrados, en comparación con su contrapartida, la responsabilidad objetiva. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no aspiramos a sugerir que la responsabilidad subjetiva prime en todos los tipos infractores establecidos en la normativa en materia de contrataciones del Estado; sino, a través del estudio de las tendencias adoptadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus resoluciones emitidas durante el primer trimestre del año 2020, establecer, qué tipo de régimen es el más conveniente para cada infracción, desde una perspecti...

Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En ese sentido, es de suma relevancia que todo ordenamiento jurídico cuente con los mecanismos necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los proveedores que se vinculan con la Administración Pública. Sin perjuicio de ello, también es importante que el sector privado vea protegida su inversión si es que la Entidad contratante procede de manera arbitraria. La presente investigación tiene como objetivo plantear que no existe alguna justificación pa...

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero ...

Con la presente investigación, los autores buscan poner en evidencia los graves problemas que genera la aplicación del Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, ya que, si bien los precedentes administrativos de observancia obligatoria tienen como principal finalidad garantizar los principios de predictibilidad o imparcialidad, el precedente objeto de estudio, al realizar una interpretación extensiva del tipo legal referido a la presentación de información inexacta, constituye una clara contravención al principio de tipicidad.

En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la necesidad de adoptar el criterio de responsabilidad subjetiva en el régimen sancionador de las contrataciones del Estado. Como se verá en el desarrollo del referido análisis, el criterio de responsabilidad subjetiva es mucho más garantista de los derechos de los administrados, en comparación con su contrapartida, la responsabilidad objetiva. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no aspiramos a sugerir que la responsabilidad subjetiva prime en todos los tipos infractores establecidos en la normativa en materia de contrataciones del Estado; sino, a través del estudio de las tendencias adoptadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus resoluciones emitidas durante el primer trimestre del año 2020, establecer, qué tipo de régimen es el más conveniente para cada infracción, desde una perspecti...

The rules governing the public procurement cycle grant wide discretion to contracting authorities to determine the award criteria, with price being the sole mandatory award criterion among others of optional character. The application of principles of good governance may contribute to steer the authorities´ discretion by applying instruments and methodologies, such as the so-called Total Cost of Ownership, which allow technically justify the selection of the award criteria with the aim to guarantee an adequate balance between quality and price.

Las normas que regulan el ciclo de la contratación pública otorgan un amplio margen de discrecionalidad para determinar los factores de evaluación, siendo el precio el único obligatorio entre otros de carácter facultativo. La aplicación de principios de buen gobierno puede contribuir a un adecuado ejercicio de la discrecionalidad conferida aplicando instrumentos, tales como la metodología denominada Total Cost of Ownership, que permitan justificar técnicamente la elección de determinados factores de evaluación con la finalidad de garantizar una adecuada relación calidad-precio.

The rules governing the public procurement cycle grant wide discretion to contracting authorities to determine the award criteria, with price being the sole mandatory award criterion among others of optional character. The application of principles of good governance may contribute to steer the authorities´ discretion by applying instruments and methodologies, such as the so-called Total Cost of Ownership, which allow technically justify the selection of the award criteria with the aim to guarantee an adequate balance between quality and price.