Con fecha 12 de mayo del 2020 el Tribunal Constitucional expide la sentencia sobre el proceso de inconstitucionalidad, presentado por el Gobierno Regional de San Martín y más de cinco mil ciudadanos, representados por diversas organizaciones indígenas nacionales, sobre diversos artículos de la Ley No 30230, más conocida como “El Paquetazo Ambiental”. Esta demanda tuvo como principal objetivo cuestionar artículos de la Ley No 30230 que debilitarían la institucionalidad estatal en materia ambiental y el ordenamiento de los territorios indígenas. El propósito de este informe es examinar el alcance de la sentencia tanto en su comprensión ambiental como intercultural; buscando contribuir, desde una reflexión jurídica, el desarrollo jurisprudencial frente a procesos de inconstitucionalidad, en especial aquellos con relevancia socioambiental. El informe se divide en 3 secciones....

Con fecha 12 de mayo del 2020 el Tribunal Constitucional expide la sentencia sobre el proceso de inconstitucionalidad, presentado por el Gobierno Regional de San Martín y más de cinco mil ciudadanos, representados por diversas organizaciones indígenas nacionales, sobre diversos artículos de la Ley No 30230, más conocida como “El Paquetazo Ambiental”. Esta demanda tuvo como principal objetivo cuestionar artículos de la Ley No 30230 que debilitarían la institucionalidad estatal en materia ambiental y el ordenamiento de los territorios indígenas. El propósito de este informe es examinar el alcance de la sentencia tanto en su comprensión ambiental como intercultural; buscando contribuir, desde una reflexión jurídica, el desarrollo jurisprudencial frente a procesos de inconstitucionalidad, en especial aquellos con relevancia socioambiental. El informe se divide en 3 secciones....

Este artículo realiza una aproximación a los elementos típicos del delito de tráfico de influencias, en especial, al elemento “caso judicial o administrativo”. Sobre este último, se expone cómo su interpretación por parte de los tribunales restringe el campo de acción del tipo penal, generando así, situaciones de impunidad en muchos casos. En esa línea, se propone una modificación del tipo penal en el marco de una adecuada política criminal anticorrupción, de conformidad a los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes al Perú sobre la materia. De esta manera, se señala que el delito de tráfico de influencias debe aplicarse a asuntos públicos en general y no solo a un caso calificado como judicial o administrativo; lo relevante debería ser que se trate de procedimientos en los que un funcionario decide discrecionalmente sobre un asunto. 

This article addresses an approximation to the influence peddling crime’s elements, especially of the judicial or administrative proceedings. About the latter, it explains the limitation that it imposes because it restricts the scope of application of this crime, thus generating situations of impunity in many cases. In this vein, a modification of this crime it be proposed within the framework of an adequate criminal anti-corruption policy, following the international legal instruments binding on Peru in this area. So, the influence peddling crime should be applied to public matters in general and not only to a case qualified as judicial or administrative; what is relevant should be that these are procedures in which a public officer decides on a matter with discretionary powers. 

This article addresses an approximation to the influence peddling crime’s elements, especially of the judicial or administrative proceedings. About the latter, it explains the limitation that it imposes because it restricts the scope of application of this crime, thus generating situations of impunity in many cases. In this vein, a modification of this crime it be proposed within the framework of an adequate criminal anti-corruption policy, following the international legal instruments binding on Peru in this area. So, the influence peddling crime should be applied to public matters in general and not only to a case qualified as judicial or administrative; what is relevant should be that these are procedures in which a public officer decides on a matter with discretionary powers.