La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no una administrativa, por lo que, para ellos, entonces se trataría de un fraude de etiquetas. Llama la atención que se haya decidido regular dichas medidas contra la persona jurídica cuando ya existían otras aplicables a esta, aunque de distinta naturaleza. En efecto, con el Código Penal de 1991 se incorporó un sistema contra las personas jurídicas y que, al igual que la Ley 30424, opera en el marco de un proceso penal. Nos referimos a las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal. Estas contienen medidas muy similares a las “sanciones” que se han instaurado en nuestro ordenamiento con la Ley 30424. En atención a e...

La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no una administrativa, por lo que, para ellos, entonces se trataría de un fraude de etiquetas. Llama la atención que se haya decidido regular dichas medidas contra la persona jurídica cuando ya existían otras aplicables a esta, aunque de distinta naturaleza. En efecto, con el Código Penal de 1991 se incorporó un sistema contra las personas jurídicas y que, al igual que la Ley 30424, opera en el marco de un proceso penal. Nos referimos a las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal. Estas contienen medidas muy similares a las “sanciones” que se han instaurado en nuestro ordenamiento con la Ley 30424. En atención a e...

Este artículo realiza una aproximación a los elementos típicos del delito de tráfico de influencias, en especial, al elemento “caso judicial o administrativo”. Sobre este último, se expone cómo su interpretación por parte de los tribunales restringe el campo de acción del tipo penal, generando así, situaciones de impunidad en muchos casos. En esa línea, se propone una modificación del tipo penal en el marco de una adecuada política criminal anticorrupción, de conformidad a los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes al Perú sobre la materia. De esta manera, se señala que el delito de tráfico de influencias debe aplicarse a asuntos públicos en general y no solo a un caso calificado como judicial o administrativo; lo relevante debería ser que se trate de procedimientos en los que un funcionario decide discrecionalmente sobre un asunto. 

This article addresses an approximation to the influence peddling crime’s elements, especially of the judicial or administrative proceedings. About the latter, it explains the limitation that it imposes because it restricts the scope of application of this crime, thus generating situations of impunity in many cases. In this vein, a modification of this crime it be proposed within the framework of an adequate criminal anti-corruption policy, following the international legal instruments binding on Peru in this area. So, the influence peddling crime should be applied to public matters in general and not only to a case qualified as judicial or administrative; what is relevant should be that these are procedures in which a public officer decides on a matter with discretionary powers. 

This article addresses an approximation to the influence peddling crime’s elements, especially of the judicial or administrative proceedings. About the latter, it explains the limitation that it imposes because it restricts the scope of application of this crime, thus generating situations of impunity in many cases. In this vein, a modification of this crime it be proposed within the framework of an adequate criminal anti-corruption policy, following the international legal instruments binding on Peru in this area. So, the influence peddling crime should be applied to public matters in general and not only to a case qualified as judicial or administrative; what is relevant should be that these are procedures in which a public officer decides on a matter with discretionary powers.