La vigilancia de la función pública y/o la defensa de intereses propios porparte de los medios de comunicación y la búsqueda de legitimidad a sus proyectos políticos por parte de los gobiernos de los países andinos, genera una recurrente tensión en la convivencia de estos dos actores, ya sea en un marco de regímenes autoritarios o democráticos. El presente artículo busca revisar dicha situación entre los gobiernos de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Alan García (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela) y los medios de comunicación propios de cada país, así como exponer las estrategias utilizadas por estos gobiernos de origen democrático en aras de ganar control sobre los medios de comunicación.

La vigilancia de la función pública y/o la defensa de intereses propios porparte de los medios de comunicación y la búsqueda de legitimidad a sus proyectos políticos por parte de los gobiernos de los países andinos, genera una recurrente tensión en la convivencia de estos dos actores, ya sea en un marco de regímenes autoritarios o democráticos. El presente artículo busca revisar dicha situación entre los gobiernos de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Alan García (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela) y los medios de comunicación propios de cada país, así como exponer las estrategias utilizadas por estos gobiernos de origen democrático en aras de ganar control sobre los medios de comunicación.

La vigilancia de la función pública y/o la defensa de intereses propios porparte de los medios de comunicación y la búsqueda de legitimidad a sus proyectos políticos por parte de los gobiernos de los países andinos, genera una recurrente tensión en la convivencia de estos dos actores, ya sea en un marco de regímenes autoritarios o democráticos. El presente artículo busca revisar dicha situación entre los gobiernos de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Alan García (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela) y los medios de comunicación propios de cada país, así como exponer las estrategias utilizadas por estos gobiernos de origen democrático en aras de ganar control sobre los medios de comunicación.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses  del  gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses  del  gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses  del  gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.