Prohibición a los Gobiernos Locales de tercerizar el servicio de recojo de Residuos Sólidos a las empresas privadas especializadas

• Autor: Monroe Diaz, Pamela Roxana
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/684389
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/684389
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tercerización; Libre competencia; Eficiencia; Gestión de residuos; Outsourcing; Free competition; Efficiency; Waste management; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

El objetivo de este análisis es evaluar los efectos de la restricción impuesta por la Ley N° 31254 respecto a la tercerización de la prestación de recojo de basura por parte de Gobiernos Locales en Perú. La metodología empleada es cualitativa, utilizando entrevistas para captar las experiencias y perspectivas de participantes clave inmiscuidos en administrar residuos. Estos resultados indican que esta Ley N° 31254 limita significativamente la participación de empresas especializadas, lo que afecta negativamente la libre competencia y la iniciativa privada, contraviniendo principios establecidos en la Constitución Peruana. Económicamente, la prohibición ha conducido a una pérdida de inversiones y empleos, deteriorando tanto la infraestructura como la economía local. Ambientalmente, esta ausencia de pericia y recursos especializados de la administración estatal ha puesto en riesgo la sanidad estatal y entorno ambiental, por una recolección ineficiente de residuos. En conclusión, la normativa ha generado desafíos considerables en eficiencia de esta prestación. A pesar de su intención de fortalecer la gestión local, muchas municipalidades no tienen capital ni capacidad suficiente, lo que ha llevado a problemas ambientales y económicos. Se recomienda reconsiderar las restricciones de la Ley N° 31254 y permitir un modelo de gestión híbrido. Una revisión de la normativa podría permitir a los gobiernos locales contratar empresas especializadas según sus necesidades y capacidades, garantizando un servicio más eficiente y de calidad.