¿Las empresas pueden tercerizar su core business, así como actividades complementarias y/o actividades especializadas u obras no vinculadas a sus actividades principales?, a propósito del Decreto Supremo N° 001-2022-TR

• Autor: Huanca Heredia, Roxana
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad de San Martín de Porres
• Repositorio: USMP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/14149
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12727/14149
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tercerización; Terceros (Derecho); Legalidad; Contrataciones; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación empleó la metodología cualitativa y consistió en una evaluación ex post del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Decreto Supremo N° 006- 2008-TR, a través del cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, cuyos alcances han sido precisados mediante Decreto Legislativo N° 1038; concluyéndose que no cumplió con los parámetros formales y sustanciales para su emisión, contraviniendo el espíritu de la Ley N° 29245, así como derechos fundamentales y principios constitucionales que reconoce el ordenamiento jurídico peruano, como el de jerarquía normativa, legalidad, la libertad de empresa, libertad de contratación, seguridad jurídica y participación ciudadana. Asimismo, se determinó que puede ser objeto de tercerización laboral bajo el alcance de la Ley N° 29245, actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal de la empresa principal, las cuales exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. En ambos supuestos, pueden incluir el núcleo del negocio, o llamado también core business o actividades nucleares. Dichas actividades u obras deben necesariamente implicar el desplazamiento continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones de las empresas principales. Finalmente, del análisis de razonabilidad realizado, se ha concluido que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR constituye una medida no solo ilegal, sino carente de razonabilidad y por ende que la medida no resulta idónea, necesaria y proporcional al fin u objetivo que supuestamente justifica su existencia. A su vez, se ha podido concluir que la medida resulta costosa, ya que los costos y/o el impacto negativo de la misma son superiores a sus beneficios y/o su impacto positivo, no solo para los agentes económicos obligados a cumplirla, como son las empresas tercerizadoras y las empresas que contratan los servicios de tercerización, sino también para otros agentes afectados como son los trabajadores de ambas empresas, la sociedad y finalmente para el mercado; no contribuyendo de esta manera a la reactivación económica del país producto de la emergencia sanitaria por la Covid 19 que afectó a todo el mundo.