Una receta para evitar el fracaso de otra reforma del sistema de justicia

• Autor: Serván Eyzaguirre, Nicolás Jorge
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad del Pacífico
• Repositorio: UP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.up.edu.pe:11354/3497
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11354/3497
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Reforma legal--Perú; Administración de justicia--Perú; Derecho; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El problema de la congestión de las cortes en materia civil y comercial es un asunto de larga data con una reiterada historia de fracasos en los intentos de reforma. Esta tesis sostiene que la raíz del problema radica en que el diseño del sistema de justicia no ha considerado los incentivos privados que llevan a los litigantes a iniciar un proceso civil o comercial y, además, que se trata al sistema de justicia como un servicio público de libre acceso y cuyas normas están basadas en intereses públicos. En base a ello, se analiza que el sistema de justicia produce dos bienes principales: i) la resolución de casos concretos; y, ii) la emisión de precedentes. La resolución de conflictos interesa únicamente a las partes, es decir, se trata de un bien predominantemente privado. Además, el inicio de procesos responde principalmente a incentivos privados y no públicos. Por ello, el sistema de justicia civil y comercial debe partir de ese aspecto para lograr un diseño adecuado, sin perjuicio de las externalidades positivas de la emisión de precedentes. En consecuencia, se proponen tres medidas que permitirán reducir la congestión a raíz de tener un proceso eficiente y ajustado a las necesidades de las partes: (i) las partes deben participar directamente en la selección de jueces; (ii) las partes deben ser libres de diseñar el proceso, es decir, flexibilidad procedimental; y, (iii) las partes deben asumir los costos de litigar y acceder al Poder Judicial. Finalmente, se sostiene que las medidas propuestas no afectan el derecho de acceso a la justicia, pues existen mecanismos de mercado para promover el acceso a la justicia y regímenes de subsidios en caso de necesidad. Tampoco se afectan los derechos fundamentales relacionados con el proceso, en la medida que está permitido actualmente pactar en contrario, es decir, en un arbitraje las partes eligen a sus jueces y diseñan su procedimiento.