Los requisitos exigibles para el proceso de incautación de bien mueble y los efectos sobre el acreedor garantizado en los juzgados comerciales de Lima, 2018 - 2020

• Autores: Lipe Neyra, Luz Maricielo, Palza Valenzuela, Abigail Priscila
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/27034
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/27034
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Aranceles judiciales; Bienes muebles; Acreedores; Derecho comercial; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El propósito de la presente investigación fue analizar si los operadores de justicia aplicaron correctamente la Ley de Garantía Mobiliaria al momento de requerir los requisitos para la admisibilidad de la demanda en el proceso de incautación de bienes muebles. Para tal efecto se investigó haciendo uso de la metodología con enfoque cualitativo, dentro del tipo de investigación básica y con diseño de la teoría fundamentada; se recurrió a la técnica del análisis documental constituida por 30 resoluciones emitidas por los distintos Juzgados Subespecializados en lo Comercial de Lima, en el periodo 2018 – 2020 y la entrevista a 10 abogados especialista en procesos de incautación de bien mueble. Los principales hallazgos fueron que no existe la uniformidad en los criterios adoptados por los jueces, al momento de calificar la demanda de incautación de bien mueble. Asimismo, los abogados especialistas, por costumbre presentan documentos no establecidos por la ley de la materia, a fin de que su demanda no sea declarada inadmisible y por consiguiente no haya retraso en el proceso. Se concluyó que, los operadores de justicia Juzgados Subespecializados en lo Comercial de Lima, no aplicaron correctamente la Ley de Garantía Mobiliaria al momento de requerir los requisitos para la admisibilidad de la demanda en el proceso de incautación de bienes muebles en periodo 2018 al 2020, porque requirieron requisitos para la admisión de la demanda, sin motivar sus resoluciones judiciales y aplicando de manera errónea la Ley de la materia.