Fundamentos jurídicos que permite incluir el informe de un arqueólogo de parte como requisito para conferir seguridad jurídica al cira ficto

• Autor: Membrillo Quintana, Alexander Gabriel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/23095
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/23095
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Arqueología; Identidad cultural; Aspectos jurídicos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación desarrolla los fundamentos jurídicos que van a permitir incluir un informe de un arqueólogo de parte como uno de los requisitos dentro de la normativa, con la finalidad de conferir seguridad jurídica al CIRA ficto. En principio se va a desarrollar la realidad problemática que se viene generando a consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, y esto, debido al transcurso de más del plazo establecido para otorgar el CIRA ficto que es solicitado por los administrados. Así también, se va a demostrar cuales son aquellos efectos que viene generando la aplicación automática del silencio administrativo positivo respecto a la tramitación del CIRA, la cual será contrastada a partir de una muestra de los oficios e informes que ha emitido la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca durante el año 2016. Seguidamente, se analizará una muestra de los datos obtenidos en el cuadro de ingreso de expedientes CIRA que han ingresado a la DDC CAJ, durante el año 2016, donde verificaremos la importancia de incluir a un arqueólogo de parte dentro de los requisitos que se exigen tanto en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, como en el Decreto Supremo N° 054-2013- PCM, concernientes a l obtención del CIRA. Finalmente, la presente investigación realizada permitirá demostrar que un arqueólogo de parte va a reducir los costos en la tramitación del CIRA, pero a su vez, otorgar una mejor defensa de los administrados al momento de un posible inicio del procedimiento de nulidad de oficio, contrarrestando el poder de la administración frente al administrado.