Análisis del Pleno de Sentencia 193/2024 relacionado al gasto público del caso de la Contraloría

• Autores: Quispe Aquino, Melani Raquel, Silva Muñoz, Daniel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/683369
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/683369
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: principio de legalidad; debido proceso; Tribunal Constitucional; derechos fundamentales; reforma legislativa; equilibrio; principle of legality; due process; Constitutional Court; fundamental rights; legislative reform; balance; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente análisis examina la reciente ampliación de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR) en el control del gasto público, enfocándose en el impacto y las implicancias del Pleno de Sentencia N.º 193/2024. Esta ampliación permite a la CGR imponer sanciones administrativas a funcionarios públicos por irregularidades en la gestión de recursos estatales, generando controversia respecto a su constitucionalidad y alcance. Inicialmente, se revisa el marco normativo que otorga dichas facultades, con énfasis en la Ley N.º 31288, y se discuten los cuestionamientos sobre la presunta vulneración de principios fundamentales como la legalidad y el debido proceso. Estos cuestionamientos reflejan preocupaciones sobre posibles excesos en las facultades sancionadoras de la CGR que podrían contravenir los derechos de los funcionarios. En este contexto, se analiza el fallo del TC, que declaró inconstitucionales algunos aspectos de la norma, limitando las competencias de la CGR para evitar posibles abusos. Esta decisión implica una restricción parcial a las nuevas atribuciones, buscando equilibrar el control riguroso del gasto público con el respeto a los derechos fundamentales. El estudio finaliza con una reflexión sobre el impacto de esta sentencia en la regulación del gasto público, subrayando la necesidad de un balance adecuado entre el control eficaz de las finanzas del Estado y la protección de los derechos de los funcionarios. La conclusión destaca la urgencia de una reforma legislativa que asegure una regulación clara y respetuosa de los principios constitucionales, permitiendo a la CGR actuar eficazmente sin vulnerar derechos fundamentales.