El presente análisis examina la reciente ampliación de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR) en el control del gasto público, enfocándose en el impacto y las implicancias del Pleno de Sentencia N.º 193/2024. Esta ampliación permite a la CGR imponer sanciones administrativas a funcionarios públicos por irregularidades en la gestión de recursos estatales, generando controversia respecto a su constitucionalidad y alcance. Inicialmente, se revisa el marco normativo que otorga dichas facultades, con énfasis en la Ley N.º 31288, y se discuten los cuestionamientos sobre la presunta vulneración de principios fundamentales como la legalidad y el debido proceso. Estos cuestionamientos reflejan preocupaciones sobre posibles excesos en las facultades sancionadoras de la CGR que podrían contravenir los derechos de los funcionarios. En este contexto, se...