La vulneración del debido proceso sobre las pensiones suspendidas por la ONP

• Autores: Castillo Lezama, Joaquin Sebastian, Romero Espino, Luis Alberto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686332
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686332
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Debido proceso; Tribunal Constitucional; Suspensión de pensiones; Derecho fundamental a la pensión; Due process; Pension suspension; Fundamental rights; Legal certainty; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo analiza el impacto constitucional que genera la vulneración del debido proceso en los casos de suspensión de pensiones llevados a cabo por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el Perú. El punto inicial es el análisis de la Sentencia N.° 349/2025 - EXP. N.° 00055-2023-PA/TC, en la cual se aborda el derecho fundamental a la pensión y las garantías mínimas que deben respetarse en todo procedimiento administrativo, especialmente en los procesos de fiscalización y nulidad de actos administrativos realizados de oficio. El estudio se enfoca en las decisiones de la ONP, que suspendió pensiones de manera unilateral y sin respetar el debido proceso, afectando los derechos fundamentales de los pensionistas. Esto es una problemática de orden constitucional, ya que pone en duda los límites de la potestad fiscalizadora de la administración pública y la necesidad de que cualquier restricción a derechos fundamentales esté respaldada por una norma con rango de ley. En conclusión, la omisión de las garantías del debido proceso en estos casos no solo impacta negativamente a quienes dependen de su pensión para subsistir, sino que también debilita la estructura constitucional destinada a proteger los derechos de los ciudadanos. Esta situación afecta la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas. En este contexto, el rol del Tribunal Constitucional resulta crucial como garante de los derechos fundamentales, recordando que cualquier decisión que afecte derechos pensionarios debe observar de manera estricta tanto la legalidad como los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho.