Concesión minera vs derecho de propiedad - El contrato de cesión en uso minero como proveedor de seguridad jurídica al concesionario

• Autores: Camprubí Massa, Juan José, Castillo Zúñiga, Richard Antonio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/623564
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/623564
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Contratos; Concesiones; Industria minera; Derecho a la propiedad; Derecho a la empresa

La Concesión minera, conforme a nuestra legislación, se encuentra expresamente separada del predio en el que se ubica. Las atribuciones del concesionario no contemplan algún derecho real sobre el terreno en que se extiende la concesión. Por tal motivo, el concesionario debe suscribir contratos civiles con los propietarios del predio donde se realizarán las actividades mineras. Sin embargo, los contratos civiles no constituyen documentos idóneos para el objeto que se pretende alcanzar. Siendo así, el concesionario queda expuesto a reclamos que pueden resultar altamente contingentes, ya sea por la nulidad de acuerdos o por exigencias de mayores beneficios a los previamente consensuados. Asimismo, en un país donde el registro de predios suele contar con información incompleta, la inscripción de los contratos civiles empleados no suele resultar posible, lo que no permite dotar a los acuerdos de la publicidad registral que un proyecto de gran envergadura requiere. La legislación minera tampoco ofrece solución. La normativa sectorial únicamente hace referencia a las relaciones y negocios jurídicos de la concesión minera en sí misma, apartándose de los temas relacionados al predio dónde se encuentra. La propuesta desarrollada en el presente trabajo es que se contemple en la legislación minera, la suscripción de un instrumento jurídico idóneo, que no sólo permita el libre y correcto ejercicio de las atribuciones reconocidas por el Estado mediante la concesión, sino que, además, reduzca eficientemente los riesgos de cuestionamientos a la validez o cumplimiento del acuerdo arribado por las partes.