La Legitimidad para Obrar de un Tercero para Interponer una Demanda Contencioso Administrativo

• Autores: Chuchon Cabrera, Grecia, Berrú Portuguez, Fiorella Alexandra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686336
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686336
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Legitimidad para obrar; Derecho de defensa; Proceso contencioso administrativo; Tutela judicial efectiva; Administrado; Motivación de resoluciones judiciales; Acto administrativo; Standing to sue; Right to defense; Contentious-administrative proceeding; Effective judicial remedy; Administered party; Motivation of judicial resolutions; Administrative act; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación versa sobre la sentencia emitida en el Expediente N° 27457-2021 por la Corte Suprema de Justicia, originada por una resolución administrativa de la Municipalidad Distrital de San Miguel que ordenaba la demolición de una estación de telecomunicaciones de Entel Perú. El conflicto surge porque Entel no fue incluida ni notificada en el PAS, impidiendo su derecho de defensa y motivando la demanda contencioso administrativo. Ante esta controversia, el pronunciamiento de la Corte Suprema establece la legitimidad de Entel para obrar, ya que la resolución afectaba directamente sus derechos de propiedad sobre la infraestructura, aun sin ser parte del procedimiento inicial. Así, el tribunal subraya la necesidad de interpretar el artículo 13° de la Ley N° 27584 protegiendo a quienes ven afectado su derecho fundamental por actos administrativos, permitiendo su intervención. Por ello, el propósito de este trabajo es analizar el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a la legitimidad de obrar, con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad y asegurar el derecho de defensa de las partes afectadas por un acto administrativo, incluso sin haber sido parte del procedimiento administrativo inicial.