Conflicto de Competencias entre el Congreso y el Poder Judicial: STC Exp. N° 00004-2024/TC

• Autores: Castañeda Chavez, Juan Manuel, Pillaca Aburto, Naghely Abigail
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686266
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686266
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Conflicto de competencias; Separación de poderes; Constitución; Resoluciones judiciales; Conflict of jurisdiction; Separation of powers; Constitution; Judicial decisions; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Sentencia recaída en el Expediente N° 0004-2024-PCC/TC, que declaró infundada la demanda de conflicto competencial entre el Congreso y el Poder Judicial, con la finalidad de determinar si el pronunciamiento en sede judicial sobre los procedimientos legislativos relacionados al antejuicio y juicio político previstos en los artículos 99° y 100° de la Constitución, respectivamente, menoscaban las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento. Para dicho estudio, se han empleado diversas fuentes bibliográficas, tales como libros, artículos científicos de diversos autores nacionales e internacionales, así como fuentes del derecho para poder comprender los conceptos que se desarrollarán en el presente trabajo. Asimismo, destacaremos la importancia de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución y demás normativa para entender las figuras del antejuicio y juicio político. De igual manera, es fundamental establecer que la protección a los derechos fundamentales de los altos funcionarios públicos, que son los sujetos pasibles de antejuicio y juicio político, también son garantizados y reconocidos en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho. En ese sentido, se puede concluir que, todo alto funcionario inmerso en un juicio político tiene el derecho de recurrir a la vía judicial, siendo la vía constitucional la más idónea, para que se tutelen sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante el proceso de control político en sede parlamentaria; sin que estos actos, menoscaben las competencias del Poder Legislativo, que están consagradas en la Constitución.