Tratamiento jurídico de la violencia económica prevista en la ley 30364 en la Fiscalía de Santa Rosa, 2024

• Autor: Diaz Diaz, Joselito
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9828
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/9828
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Violencia económica; Tratamiento jurídico; Violencia familiar; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La violencia familiar representa una preocupación de alcance global, con repercusiones significativas en diversas esferas de la vida de las víctimas, particularmente en el caso de las mujeres, quienes constituyen la mayoría de los afectados. Esta problemática, lejos de limitarse a manifestaciones físicas visibles, penetra en lo más profundo del ámbito psicológico, social y personal de quienes la experimentan. Más allá de las lesiones evidentes, esta forma de violencia deja cicatrices emocionales duraderas, erosionando la salud mental y el bienestar de los individuos implicados. Por su parte, en la legislación peruana se reconocen cuatro tipos de violencia. Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación es analizar el tratamiento jurídico de la violencia económica prevista en la Ley 30364 en la Fiscalía de Santa Rosa, 2024, empleando un enfoque de investigación cualitativa, con un método de estudio fenomenológico y un muestreo no probabilístico por conveniencia. Como lugar de estudio se seleccionaron los distritos de Ancón y Santa Rosa. La técnica de recolección de datos es la entrevista, utilizando una guía específica como instrumento. La población objetivo está conformada por 2 fiscales provinciales, 2 fiscales adjuntos provinciales y 2 asistentes en función fiscal. Logrando alcanzar el objetivo general de la presente investigación al reconocer que la variable de estudio no está expresamente tipificada en la legislación nacional peruana. Se evidenció la necesidad de integrarla en el código penal para brindar una protección legal adecuada contra la violencia económica, contribuyendo así a fortalecer el marco jurídico y garantizar la protección efectiva de las víctimas.