El uso de la fuerza pública por parte de los efectivos policiales y sus consecuencias penales en las protestas sociales del año 2022-2023

• Autor: Carhuachin Sinche, Cristhian David
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9989
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/9989
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Uso de la fuerza; Fuerza Pública; Protestas sociales; Uso letal de la fuerza; Proporcionalidad de la fuerza; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación analiza el empleo de la fuerza pública utilizada por los agentes policiales en el marco de las manifestaciones sociales realizadas en el Perú entre los años 2022 y 2023, y sus consecuencias jurídico-penales. El objetivo ha sido determinar cómo este uso generó consecuencias penales, considerando tanto las manifestaciones como los procedimientos legales relacionados. El estudio se enfoca en tres aspectos: el uso arbitrario de la fuerza, el empleo legítimo de la fuerza y el uso de armamento letal. De esta manera, se concluye que el uso arbitrario de la fuerza, incumpliendo las normas del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186 y el "Manual de procedimientos", resulta en responsabilidad penal para los agentes policiales. Asimismo, el uso legítimo de la fuerza, conforme a las directrices establecidas en el ordenamiento interno, no genera responsabilidad penal. Por último, el uso de armamento letal, al no cumplir con las directrices nacionales, es ilegal y conlleva consecuencias penales, incluyendo delitos como homicidio calificado y abuso de autoridad. La investigación involucra a fiscales expertos en el área penal y derechos humanos, quienes evaluaron las acciones policiales y determinaron posibles consecuencias penales. En tal sentido, los hallazgos resaltan la necesidad de dar cumplimiento a las normas vigentes con la debida importancia de una supervisión y capacitación continua, con la finalidad de evitar arbitrariedades y proteger los derechos humanos durante la ejecución de manifestaciones.