Afectación de la presunción de inocencia y plazo razonable por otorgamiento de prolongación de prisión por el juez ante requerimiento fiscal

• Autor: Quispe Cieza, Galy Michel
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/14775
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/14775
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Prolongación de prisión preventiva; Presunción de inocencia; Plazo razonable; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación abordo el tema de la afectación del derecho a la presunción de inocencia, así como del derecho al plazo razonable cuando el juez concede la solicitud requerida por el fiscal respecto de la prolongación de prisión preventiva, argumentando no haberse llevado a cabo los actos de investigación; teniendo como objetivo principal establecer el grado de afectación del derecho a la presunción de inocencia, del debido proceso y el plazo razonable en la Investigación Preparatoria por la Fiscalía, respecto de su requerimiento. Para ello, se utilizó el enfoque cualitativo, buscando en primer lugar, describir de manera rigurosa los eventos, buscando conocer quién o quiénes afectan dichos derechos debido a la prolongación de prisión cuando no existen causas suficientes para ello, identificando la responsabilidad de la autoridad fiscal. Se procedió a analizar los resultados de la encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados litigantes de la ciudad de Cutervo y la revisión de expedientes judiciales en el Juzgado de Investigación preparatoria de Cutervo. Llegando a la conclusión más relevante que en el D.J - Lambayeque ha quedado demostrado que el derecho al plazo razonable es transgredido por parte del funcionario de la fiscalía, cuando solicita la prolongación de la prisión preventiva, tal como se desprende de los procesos judiciales analizados. Recomendándose, para su subsanación a mediano plazo la realización de una campaña de contrastación entre los juzgadores y fiscales para arribar a un consenso y realizar un acuerdo plenario y unificar criterios.