Propuesta de modificación del Artículo 151º del Código Procesal Civil: Plazos y sanciones hacia los comisionados

• Autor: Hualca Farfan, Kevin Andre
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15613
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/15613
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Comisionado; Exhorto; Responsabilidad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo principal de esta investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental, enfoque cualitativo es determinar cómo afecta el retraso en la tramitación de los exhortos judiciales al derecho al debido proceso en el sistema de justicia peruano. De la aplicación de la técnica de análisis documental cuyo instrumento fueron las fichas se logró concluir que el retraso en la tramitación de los exhortos judiciales impacta negativamente en el derecho al debido proceso en el sistema de justicia peruano erosionando la celeridad y la eficacia que deben caracterizar a la administración de justicia, los exhortos como mecanismos de cooperación judicial entre diferentes jurisdicciones territoriales son esenciales para la obtención de pruebas, la notificación de resoluciones y la realización de otros actos procesales necesarios para el desarrollo de un juicio, cuando su tramitación se dilata excesivamente se obstaculiza la producción probatoria se impide el ejercicio oportuno del derecho de defensa y se prolonga innecesariamente la duración de los procesos judiciales, esta demora puede generar indefensión para las partes involucradas especialmente para aquellas que dependen de la información o las diligencias solicitadas a través del exhorto para sustentar sus pretensiones o impugnaciones asimismo la dilación en la tramitación de los exhortos contribuye a la congestión judicial y a la percepción de ineficiencia del sistema afectando la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar un acceso rápido y efectivo a la justicia lo que socava los principios fundamentales del debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.