Desproporción punitiva entre porte ilegal de armas y lesiones graves desde un análisis de equidad y racionalidad, Derecho Penal Peruano

• Autores: De la Cruz Durand, Marbe Maribel, Vela Ibañez, Frand Jeam Pier
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/17337
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/17337
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Desproporcionalidad punitiva; Porte ilegal de armas; Lesiones graves; Equidad penal; Racionalidad legislativa; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Analizar la desproporcionalidad punitiva existente entre las penas impuestas por el delito de porte ilegal de armas y las aplicadas al delito de lesiones graves en el sistema penal peruano, evaluando su coherencia con los principios de equidad y racionalidad penal. Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y comparativo, con diseño no experimental y corte transversal. Se aplicó una encuesta con escala de Likert a 20 operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque entre jueces, fiscales, abogados penalistas y docentes, complementada con un análisis documental de normas penales, doctrina y jurisprudencia relevante. Los hallazgos evidencian una marcada desproporción entre la gravedad del daño causado y la severidad de las penas impuestas. El 90 % de los encuestados percibe que las penas por porte ilegal de armas son más severas que las de lesiones graves, a pesar de que estas últimas afectan directamente la integridad física y psicológica de las víctimas. Asimismo, el 95 % considera necesario reformar la legislación penal para equilibrar las sanciones conforme a los principios de justicia y proporcionalidad. Se concluye que la desproporcionalidad punitiva entre ambos delitos afecta negativamente la percepción de equidad y racionalidad del sistema penal peruano. Se propone la revisión legislativa del artículo 279-G del Código Penal para adecuar las sanciones a la gravedad real de la conducta y fortalecer la coherencia del Derecho penal con los valores constitucionales.