Nivel de cumplimiento de la resolución N° 066- 2006-Sunasscd Chiclayo respecto a la protección de los derechos fundamentales en Ferreñafe, 2024

• Autor: Cabanillas Sanchez, Leider
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15801
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/15801
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protección de los derechos; Vulneración; Órganos jurisdiccionales; Acceso a los servicios básicos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En la presente investigación surgió el problema respecto al nivel de cumplimiento de las funciones reguladas en la Resolución N° 066-2006-SUNASS-CD Chiclayo en relación con la protección de los derechos fundamentales de los pobladores en el distrito de Ferreñafe durante el período 2024. El objetivo fue determinar los niveles de cumplimiento de las funciones reguladas en la Resolución N° 066-2006-SUNASS-CD Chiclayo para asegurar la tutela de los derechos primordiales de los pobladores de la ciudad de Ferreñafe 2024. La investigación se encuentra dentro del tipo de investigación básica, con un enfoque cuantitativo con un método deductivo, con un diseño no experimental y se llevó a cabo la recolección de datos empleando análisis documental y encuestas. La muestra fue de 30 entrevistados en el sector Francisco de Asís de la provincia de Ferreñafe. Como resultado se comprobó que efectivamente existe una vulneración en el acceso al agua potable, lo cual es especialmente grave dado que este recurso es esencial para el consumo diario de los usuarios. En conclusión, la Resolución N° 066-2006-SUNASS-CD establece claramente funciones regulatorias clave que SUNASS debe cumplir para garantizar un servicio adecuado de saneamiento, tales como la fiscalización, supervisión, monitoreo de la calidad del agua, gestión de quejas, y promoción de la educación sanitaria. Estas funciones están orientadas a asegurar el cumplimiento del derecho constitucional al agua potable (Constitución Política del Perú, art. 7-A) y a proteger los derechos fundamentales de los usuarios, como lo exige la Ley N° 32065 sobre acceso universal al agua potable.