Acceso al derecho de la capacitación en la Academia de la Magistratura para abogados en general Perú, 2024

Descripción del Articulo

El objetivo del estudio fue proponer la modificación del Art. 151 de la Constitución Política del Perú para el acceso al derecho de la capacitación en la Academia de la Magistratura (AMAG) para abogados en general. Se realizó una investigación de tipo básica, enfoque cualitativo, descriptivo y propo...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Garcia Damian, Rosa Maribel, Fustamante Rimarachin, Yanet
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15966
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/15966
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Abogados
Capacitación
Academia de la Magistratura
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El objetivo del estudio fue proponer la modificación del Art. 151 de la Constitución Política del Perú para el acceso al derecho de la capacitación en la Academia de la Magistratura (AMAG) para abogados en general. Se realizó una investigación de tipo básica, enfoque cualitativo, descriptivo y propositiva con diseño no experimental y transversal, aplicando la técnica de la entrevista y el instrumento la guía de entrevista semi-estructuradas a seis profesionales abogados, docentes y funcionarios de la AMAG. Se obtuvo como resultados que los programas de la AMAG están centralizados en Lima y orientados principalmente a jueces y fiscales, excluyendo a abogados generales, con lo cual genera desigualdades en el acceso a la capacitación jurídica y disparidades en los criterios jurisdiccionales, en las entrevistados destacaron la necesidad de una reforma constitucional que democratice el acceso, permitiendo una formación jurídica más equitativa y homogénea a nivel nacional. Se concluyó que la reforma del Artículo 151 de la Constitución es esencial para ampliar el acceso a la capacitación de abogados generales, lo que fortalecería la calidad del sistema judicial y promovería la igualdad de oportunidades, además, se subraya la importancia de descentralizar la oferta educativa de la AMAG y adoptar métricas de evaluación para garantizar la efectividad de los programas formativos.
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