Una propuesta y análisis jurídico sobre la vulneración del derecho a la propiedad en la ley de extinción de dominio

• Autores: Diaz Manosalva, Yessenia Mirella, Osorio Huaman, Zulema
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15574
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/15574
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Domino; Extinción; Propiedad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La extinción de dominio es un mecanismo jurídico que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas, ya sea mediante procesos autónomos de naturaleza civil o complementarios al proceso penal, dependiendo de cada país. A nivel internacional, se presenta como una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, siendo reconocida por instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo. En México, se aplica a través de un procedimiento jurisdiccional que no requiere sentencia penal previa, siempre que existan pruebas suficientes y se respeten las garantías procesales. En Brasil, se enmarca en la teoría de la consecuencia jurídico patrimonial, donde la pérdida de los bienes es una consecuencia directa de su vinculación con actividades ilícitas, independiente de la condena penal, pero bajo control judicial. En Argentina, la normativa otorga especial relevancia al carácter reservado de la investigación inicial para proteger la eficacia de las medidas cautelares y evitar la dispersión de los bienes. En el Perú, la regulación inicial permitía aplicar la extinción de dominio sin sentencia firme, pero con la reciente modificación legal se exige sentencia firme para ciertos delitos, buscando mayor seguridad jurídica, aunque con riesgo de disminuir la eficacia frente a ilícitos complejos. En el contexto latinoamericano, se reconoce la necesidad de un equilibrio entre la efectividad en la recuperación de activos y la protección del derecho de propiedad, proponiéndose modelos mixtos que combinen la exigencia de sentencia firme para delitos menos graves con procedimientos autónomos más ágiles para delitos de alto impacto, siempre garantizando el debido proceso y la protección al tercero de buena fe.