Plazo para ofrecer pruebas en etapa intermedia del proceso penal y el ejercicio del derecho a la prueba

Descripción del Articulo

El objetivo de la investigación fue analizar si un plazo mayor a los diez días que señala la ley procesal penal para el ofrecimiento de pruebas permitiría un mejor ejercicio del derecho a la prueba en el proceso penal peruano. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico, util...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Mesta Correa, Luvis Segundo
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad de San Martín de Porres
Repositorio:USMP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/20500
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12727/20500
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho a la prueba
Tutela judicial efectiva
Debido proceso penal
Etapa intermedia
Plazos procesales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El objetivo de la investigación fue analizar si un plazo mayor a los diez días que señala la ley procesal penal para el ofrecimiento de pruebas permitiría un mejor ejercicio del derecho a la prueba en el proceso penal peruano. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico, utilizando entrevistas a jueces, fiscales y abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, seleccionados mediante muestreo intencional. Los principales resultados muestran que la mayoría de los entrevistados, especialmente abogados y jueces, consideran insuficiente el plazo de diez días en procesos complejos, señalando que limita la preparación de una defensa efectiva, especialmente cuando existen cargas probatorias voluminosas o la defensa técnica se incorpora tardíamente. En contraste, un grupo minoritario de fiscales sostuvo que el plazo es razonable si la defensa actúa diligentemente desde el inicio. La investigación concluye que ampliar el plazo permitiría fortalecer el derecho a la prueba, la tutela judicial efectiva y la búsqueda de la verdad, corrigiendo desventajas estructurales que afectan principalmente a imputados con defensa pública o limitada. Asimismo, se resalta que la ampliación debe ser razonada y controlada judicialmente para evitar dilaciones injustificadas.
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