El derecho a un ambiente sano en la legislación ambiental: ¿una obligación estatal o un derecho fundamental de las personas?

Descripción del Articulo

El presente estudio analiza el derecho a un ambiente sano en la legislación ambiental de Perú, explorando si este derecho es percibido como un derecho humano fundamental o una obligación estatal. La investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de la legislación sobre este derec...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Chavez Huamani, Ilich Rasi
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Ricardo Palma
Repositorio:URP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.urp.edu.pe:20.500.14138/8901
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14138/8901
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho ambiental
Derecho constitucional
Derechos humanos
Desarrollo sustentable -- Leyes y legislación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:El presente estudio analiza el derecho a un ambiente sano en la legislación ambiental de Perú, explorando si este derecho es percibido como un derecho humano fundamental o una obligación estatal. La investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de la legislación sobre este derecho entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales, identificar diferencias en la percepción del mismo según variables sociodemográficas, y examinar la alineación de las políticas públicas con la percepción de la población respecto a la efectividad de las normativas ambientales. Se utilizó un enfoque cuantitativo, aplicando encuestas a una muestra representativa de ciudadanos y autoridades en diversas regiones del país. Los resultados revelan un bajo nivel de conocimiento sobre las normativas ambientales y diferencias significativas en la percepción según el nivel educativo y la ubicación geográfica. Además, se encontró una desconexión entre las políticas públicas implementadas y la percepción de la población sobre el cumplimiento de las normativas ambientales. Las conclusiones sugieren la necesidad de mejorar la educación y comunicación sobre la legislación ambiental y de reforzar la implementación de políticas públicas eficaces. Se recomienda que el Estado tome medidas para aumentar la conciencia sobre este derecho y garantizar su cumplimiento en todas las regiones del país
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