Responsabilidad penal de las personas jurídicas en función a la tipicidad de los delitos ambientales

• Autor: Linares Suárez, Cesar Hugo
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/7506
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/7506
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad penal; Personas jurídicas; Delitos ambientales; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación tuvo como objetivo: analizar las conductas ambientales penalmente relevantes de las personas jurídicas y delimitar si existe responsabilidad penal por parte de ellas y ver quién es el responsables, delimitando que en función a los delitos ambientales no se debe criminalizar a cualquiera de ellas que vulnere el entorno, sino aquellas que afectan sensiblemente al medio ambiente o la salud ambiental mediante su lesión o puesta en peligro, de la misma manera se justifica ya que teniendo en cuenta que conforme a este principio, no toda conducta lesiva de bienes jurídicos merecedores de protección penal debe ser sancionada penalmente: dentro de estas conductas lesivas deben estar sometidas a represión penal las más graves, toda vez que sería evidentemente desproporcionado imponer una sanción tan severa como la pena, por hechos de bagatela o que no afecten de manera relevante el interés sujeto de protección, la cual aportará el conocimiento de una realidad existente en nuestro país, se aplicó una metodología del tipo descriptiva y explicativa, con un diseño no experimental bajo un enfoque cuantitativo y cuya población estuvo conformada por un número total de 100 personas. En tal sentido investigación nos permite poder analizar a través de los resultados ¿deben aplicarse responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos medio ambientales? Finalmente, la investigación concluye en que El tipo penal establecido en el art. 304 del CP dispone que la alteración, perjuicio y daño debe ser grave, y que el juez penal no será el que libremente decida si la afectación que la acción contaminante produce sobre el ambiente o sus componentes es grave o no, sino que lo determinará con base en la calificación reglamentaria realizada por la autoridad ambiental.