Criminalizar la recepción de aportes prohibidos para organizaciones políticas y campañas electorales como garantía de la gobernabilidad en el Perú

Descripción del Articulo

La intervención del Derecho Penal en la regulación de ciertas inconductas sociales siempre se ha considerado una actividad de última ratio, pese a ello mueve la inquietud de esta investigación el hecho de la cada vez más creciente presión por parte de las campañas políticas, básicamente orientada al...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Rivas Sono, Wilmer
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Repositorio:UNPRG-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/8598
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12893/8598
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Recepción de aportes prohibidos
Organizaciones Políticas
Campañas Electorales
Gobernabilidad
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La intervención del Derecho Penal en la regulación de ciertas inconductas sociales siempre se ha considerado una actividad de última ratio, pese a ello mueve la inquietud de esta investigación el hecho de la cada vez más creciente presión por parte de las campañas políticas, básicamente orientada al desarrollo de publicidad de todo tipo, tanto en medios televisivos, radiales y otras actividades populares cuya única finalidad es lograr influenciar en la decisión electoral de la población. Tal actividad en las últimas campañas ha visto plagada su composición de la participación de aportes de diversos círculos económicos distintos a la vida democrática, financiamiento privado que incorpora intereses distintos a los que tiene por finalidad la naturaleza del gobierno democrático, ofreciendo resultados en la gestión que termina perjudicando a la gobernabilidad misma, puesto que el descontrol durante la campaña sin duda alguna genera el mismo efecto en el gobierno, teniendo como resultado afectación a la gobernabilidad del Estado mismo. La propuesta entonces se basa en la crítica al tipo penal que permita afianzar el descontrol de la intervención de la inversión privada en las campañas electorales a fin de conseguir que los grupos políticos desarrollen sus campañas bajo la línea de la transparencia lo cual conllevará a la consecución de una gestión con efectos positivos sobre la gobernabilidad.
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