Evaluación de la Política Criminal en su expresión Penitenciaria Aplicada en el Gobierno anterior y el de turno: El Péndulo Continua: ¿Eficacia vs Garantismo?

• Autor: Nuñez Julca, Héctor Hugo
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/1423
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/1423
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Beneficios penitenciarios; Política Criminal Penitenciaria; Derechos Penitenciarios; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01

Una vez que la persona ingresa a un penal es sujeto a la finalidad última de la pena, el cual es su resocialización, pero en la actualidad es de conocimiento general que al egresar de un centro carcelario la persona sale menos resocializado que cuando entró. Ahora, bien para el logro de la resocialización del interno se le otorgan a ellos los denominados beneficios penitenciarios, los mismos que son incentivos, concebidos como derechos espectaticios del interno, que le permitirán observar las normas de conducta en el campo penitenciario, tendientes a lograr menor permanencia en el establecimiento penitenciario. Ahora bien, la política criminal desde el ámbito penitenciario para controlar la criminalidad, durante el gobierno anterior se caracterizó por aplicarla con la tendencia de endurecer, restringir y eliminar beneficios penitenciarios para ciertos delitos tipificados en el código penal, generando un problema muy grave como es el hacinamiento penitenciario. Situación similar se siguió en el primer año del gobierno actual, pero con una ligera inclinación a reducir la población intramuros a través de otros instrumentos penitenciarios que permitan emigran al recluso antes de cumplir su pena, como el caso de los grilletes electrónicos. Con la emisión de dispositivos legales que enduren, restrinjan y eliminen beneficios penitenciarios se inclina la política criminal a una supuesta eficacia normativa, situación que en la realidad no se da, así como también no se garantiza los derechos fundamentales de los internos.