Criterios que establecen la reparación civil por la comisión del delito de peculado en instituciones educativas públicas

• Autores: Vásquez Loyola, Idalmis Geraldine, Sarmiento Sifuentes, Miriam Sucet
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Nacional del Santa
• Repositorio: UNS - Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uns.edu.pe:20.500.14278/3661
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14278/3661
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Reparación civil; Instituciones educativas públicas; Derecho a la educación; Delitos contra la administración pública

La presente investigación de pregrado busca analizar la reparación civil por la comisión delito de peculado en perjuicio de Instituciones Educativas Públicas; donde se ha demostrado que dicho ilícito afecta el derecho a la educación. El objetivo primordial es brindar criterios a los jueces en el momento de imponer el monto reparatorio. El tipo de investigación por su aplicabilidad fue básico, por su naturaleza o profundidad fue descriptiva, por su enfoque fue cualitativo. Se emplearon métodos generales de investigación como son el descriptivo e inductivo, asimismo, se emplearon métodos propios de la investigación jurídica: método funcional, y los métodos de interpretación como es el de ratio legis, sistemático, teleológico. El diseño es descriptivo. Todo ello nos permitió los resultados: 1) La determinación de la reparación civil en las sentencias se sustentan en los artículos del Código Penal, correspondientes a esta institución; además, de la remisión de los mismos a las reglas del Código Civil. 2) La jurisprudencia nacional vinculante hasta el momento no ha establecido criterios para la determinación de la reparación civil en delitos contra la administración pública. 3) En el derecho comparado no ha desarrollado criterios específicos para determinar la reparación civil por afectación de derechos fundamentales por delitos contra la administración pública. 4) Según la encuesta aplicada a los abogados de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Santa se colige que no consideran la afectación de los derechos fundamentales como criterios para la reparación civil.