Transgresión de la Ley N° 26790 sobre plazo prescriptorio del subsidio por incapacidad temporal en el régimen pesquero por las sentencias laborales del Distrito Judicial del Santa

• Autores: Rodríguez Escudero, Margareth Rafaela, Sabana Santiago, Cinthia Marilin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional del Santa
• Repositorio: UNS - Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uns.edu.pe:20.500.14278/3816
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14278/3816
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Subsidio por incapacidad temporal en el régimen pesquero; Ley N° 26790; Ley N° 27321; Derecho derivado de relación laboral; Principio de Seguridad Jurídica

La presente investigación posee como objetivo determinar que las sentencias laborales en materia de pago de subsidio por incapacidad temporal en el régimen pesquero emitidas en el Distrito Judicial del Santa, transgreden la Ley N° 26790 en cuanto a su plazo prescriptorio, por considerar a este subsidio como un derecho derivado de la relación laboral. De tal manera que, hemos realizado un análisis de los conceptos y principios, asi como de las Leyes N° 26790 y N° 27321, normas materia de investigación, a fin de poder establecer el error en la aplicación de la Ley N° 27321 en lo correspondiente al subsidio por incapacidad temporal, generando una responsabilidad en el pago a un sujeto que no corresponde como obligado: el empleador. Los tipos de investigación aplicados son: según su finalidad, básica; según su naturaleza o profundidad, descriptiva; y, según su enfoque, cualitativa. El diseño de investigación corresponde a descriptivo simple. Asimismo, en cuanto a la metología de investigación, se han empleado los métodos científico y jurídico. Las técnicas usadas fueron el fichaje, el estudio de casos, acopio y análisis documental. Los resultados obtenidos del estudio de la muestra, y de la revisión de la escasa doctrina motivaron el estudio del presente caso, por ser un imperativo para que los magistrados adopten un criterio distinto en cuanto a la norma aplicable, garantizando la protección del principio fundamental de seguridad jurídica.