Criminalización de la violencia familiar por la Ley N° 30364 y sus implicancias en la primera fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Arequipa, año 2020

• Autores: Rivera Choqueanco, Roxana Gloria, Gonzales Alejo, Milagros Antuanett
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/14926
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12773/14926
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sobrecarga procesal; desprotección de la víctima; control social; asistencia; derechos humanos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tiene como objetivo determinar la criminalización de la violencia familiar por la Ley N° 30364 y sus implicancias en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa para el año 2020. Para lo cual se utilizó el método documental, con un enfoque mixto cualitativo, cuantitativo y argumentativo en una muestra de veinte carpetas fiscales archivadas consentidas provenientes de la Fiscalía mencionada. Partiendo de la definición de la violencia familiar desde el ámbito doctrinal como jurisprudencial, así como de la delimitación en el marco jurídico internacional de protección de derechos humanos frente a este problema social; se analiza el procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar que propone la Ley N° 30364 comparándola con la anterior Ley N° 26260; y tanto desde argumentos jurídicos, normativos como jurisprudenciales se establece cómo opera la sobrecarga procesal en el Ministerio Público así como la desprotección de la víctima. Los resultados evidenciaron que la violencia familiar por el Proceso Especial de la Ley N° 30364 genera sobrecarga procesal y desprotección de la víctima; por lo tanto, se propone sugerencias como la adopción por parte del Estado peruano de otros mecanismos de control social formales y/o informales que efectivamente permitan atender al problema de raíz, garantizando el cese de los actos de violencia, así como la asistencia adecuada a las víctimas.