El estándar de exigencia de imputación necesaria en la etapa de investigación preliminar

• Autor: Lanazca Vargas, Katty Marina
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: UNMSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/23456
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12672/23456
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho civil - Perú; Ministros de gobierno; Causa inmediata (Derecho) - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03

La presente investigación tiene como objetivo determinar si resulta posible o no, desde un punto de vista jurídico – fáctico, exigir al Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal establecer una imputación concreto a nivel de Diligencias Preliminares, de cara al entendimiento de que el Derecho de Defensa es reconocida a todo ciudadano desde el primer momento en que es investigado. Esta incertidumbre procesal no se advierte en etapas posteriores a la de Diligencias Preliminares, pues claro esta que en esos estadios procesales la norma requiere imperativamente un detalle mayor de las imputaciones atribuidas al sujeto activo; empero, para la fase preliminar la norma procesal penal no prevé un artículo que regule a esta figura procesal como tal, tampoco establece su exigencia para ser desarrollada desde etapas iniciales de una investigación, lo que ha conducido a que la jurisprudencia tome un rol importante, pues ha introducido y aplicado en diversas sentencias criterios a favor y en contra. Finalmente, tras el análisis de conceptos, normas y jurisprudencia de las figuras procesales involucradas en la tesis, se arribará concluir desde un enfoque jurídico y fáctico que la imputación necesaria no resulta viable exigirlo en la etapa de Diligencias Preliminares, pues la propia norma prevé que para iniciar una investigación bastaría con la existencia de una “causa probable” o una simple sospecha delictiva aunado a la expertise criminal del Fiscal; y, ello de ninguna manera vulneraria al derecho de Defensa, siempre que el investigado tendrá su alcance la libertad de acceder a la carpeta fiscal.