Los nuevos paradigmas penales: la influencia de la aplicación del decreto legislativo n° 1243 -2016 y la muerte civil en los casos de corrupción de los funcionarios públicos en la región de Ica

• Autor: Escate Siguas Efrain Nativo
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
• Repositorio: UNICA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unica.edu.pe:20.500.13028/6504
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13028/6504
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tráfico de influencia; Corrupción; Perdida de derechos civiles y políticos; Transparencia; Enriquecimiento ilícito; Influence peddling; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

En esta oportunidad pasamos a desarrollar uno de los más intensos casos de corrupción que se viene dando en nuestra Región de Ica y porque no decirlo en el país entero; pero por una cuestión didáctica que nos induce a culminar la investigación y trataremos solo en el extremo de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1243-2016, que en el mismo corazón hablando en el aspecto jurídico y social trata sobre los funcionarios inmersos en actos de corrupción que lo único que agrava es en primer lugar su situación personal, de su familia, del estado, de la entidad y sobre todo de la sociedad. Sobre el particular me permito indicar que, para la búsqueda de responsabilidad, luego de la posible sanción a imponer por esa mala praxis, y por ende la aplicación de condenas penales que muchas veces se dan con pena privativa de libertad. Asimismo, estamos en condiciones de señalar que es la Contraloría General de Republica quien a través de una serie de exámenes propias de sus funciones a través de los Órganos de Control Institucional – OCI proceden a detectar, responsabilidad y solicitar una serie de sanciones que van desde lo administrativo, civil y penal. En este orden de ideas, me permito hacer hincapié al Decreto Legislativo N°1243-2016 la misma que entró en vigencia en beneplácito para muchos y en desacuerdo para otros, en vista que precedió a realizar la ampliación de la inhabilitación existente el código penal hasta por 20 (Veinte) años por la comisión del delito contra la administración pública. De igual manera, se agrava la sanción; es decir se vuelve suspensión perpetua cuando los hechos versan sobre programas asistenciales entre otros. En este extremo podemos señalar que en nuestra región se viene acentuando con mayor énfasis actos de corrupción; por lo que una parte de la sociedad reclama penas drásticas para frenar el avance de este delito.