La responsabilidad penal del que actúa por otro o en representación de una persona jurídica y su regulación en el código penal en los juzgados penales de Ucayali

Descripción del Articulo

Título: “la responsabilidad penal del que actúa por otro o en representación de una persona jurídica y su regulación en el código penal en los juzgados penales de Ucayali”. Objetivo: analizar de qué manera la responsabilidad penal del que actúa por otro o en representación de una persona jurídica ex...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Valera Dávila, Orison
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Repositorio:UNHEVAL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/4960
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13080/4960
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Código penal
Persona jurídica
Regulación del código penal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:Título: “la responsabilidad penal del que actúa por otro o en representación de una persona jurídica y su regulación en el código penal en los juzgados penales de Ucayali”. Objetivo: analizar de qué manera la responsabilidad penal del que actúa por otro o en representación de una persona jurídica exige o no la regulación del Código Penal. Metodología: se llevó a cabo un estudio explicativo con 139 magistrados, fiscales, docentes universitarios y abogados en ejercicio, procedentes de los Juzgados penales del Distrito Judicial de Ucayali, 2015. En la recolección de datos se utilizó un formulario de encuesta. Para el análisis inferencial se utilizó la Prueba Chi Cuadrada. Resultados: el 59,0% (82) tuvieron una respuesta positiva de que la redacción del Art. 27 del C.P coadyuva a castigar en forma óptima al responsable del hecho del injusto penal del que actúa por otro; 62,6% (87) afirmaron que la dogmática penal acepta al responsable de hecho como sujeto pasible de una sanción penal cuando ejecuta una conducta delictiva en representación de una persona jurídica; y 59,7% (83) certificaron que la existencia de alto grado de criminalidad por impunidad penal del sujeto que actúa por otro genera consecuencias socio-jurídicas de inseguridad. Estos resultados fueron estadísticamente significativos (P≤0,05). Conclusión: en general, los Magistrados, Fiscales, Docentes Universitarios y Abogados en ejercicio manifestaron respuestas positivas frente a lo tratado.
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