La nulidad de acto administrativo. Caso: N° 01180-2022-0-1308-JR-LA-01. distrito judicial de Huaura

• Autor: Dolores Castillo, Carlos Yvan
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/43783
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/43783
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Nulidad de Acto Administrativo; Proceso Contencioso Administrativo; Sentencia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar los fundamentos de la decisión definitiva y la forma de ejecución de la nulidad de acto administrativo. Caso: N° 01180-2022-0-1308JR-LA-01. Distrito Judicial de Huaura; es de enfoque cualitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transeccional. La unidad de análisis estuvo conformada por un caso judicial concluido, seleccionado mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, correspondiente a un proceso contencioso administrativo. Para la recolección de información se empleó las técnicas de observación y análisis documental, utilizando como instrumento una guía de observación. Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión la declaración de nulidad del acto administrativo se fundamenta en la vulneración del principio de legalidad, así como en la inobservancia de los elementos de validez del acto administrativo, especialmente en lo referido a la motivación y al procedimiento regular. Sin embargo, se determinó que, si bien la nulidad produce efectos retroactivos y busca restituir la situación jurídica afectada, en la práctica su ejecución enfrenta limitaciones, principalmente de carácter administrativo y presupuestal, lo que genera una brecha entre el reconocimiento del derecho y su cumplimiento efectivo. En conclusión, la nulidad del acto administrativo se configura como un instrumento jurídico esencial para garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones irregulares de la administración pública; no obstante, su eficacia depende no solo de su correcta fundamentación jurídica, sino también de la implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales