El proceso penal es efectivo sobre el delito de robo agravado en nuestra Legislación Peruana, 2024

Descripción del Articulo

El objetivo de la presente investigación es determinar si el proceso penal es efectivo con el delito de robo agravado en la legislación peruana, 2024. Se trata de un estudio descriptivo, cualitativo, no experimental y transversal, que utiliza una unidad de análisis que es el Artículo 189° sobre robo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Gutierrez Rivera, Nilton Angel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Repositorio:ULADECH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/39621
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13032/39621
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Efectividad
Legislación peruana
Robo agravado
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El objetivo de la presente investigación es determinar si el proceso penal es efectivo con el delito de robo agravado en la legislación peruana, 2024. Se trata de un estudio descriptivo, cualitativo, no experimental y transversal, que utiliza una unidad de análisis que es el Artículo 189° sobre robo agravado. La recolección de datos se realizó mediante una guía de observación. Los hallazgos indican que, para evaluar esta efectividad, es crucial no solo considerar la cantidad de denuncias presentadas y la tasa de resolución de casos, sino también profundizar en la calidad de las investigaciones realizadas. Esto incluye examinar si se están utilizando técnicas de investigación modernas y efectivas, así como la capacidad de los fiscales y policías para llevar a cabo indagaciones exhaustivas que reúnan pruebas suficientes para sustentar un caso sólido ante el sistema judicial. Se concluye que el proceso penal sea verdaderamente efectivo en el contexto del delito de robo agravado en Perú, es necesario realizar una revisión integral que contemple todos estos elementos. Solo a través de una mejora en la capacitación de los operadores de justicia, el fortalecimiento de los recursos asignados y la atención adecuada a las necesidades de las víctimas se podrá lograr una real disuasión de los delitos y restablecer la confianza pública en el sistema de justicia.
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