Evaluación crítica de la efectividad del delito de omisión a la asistencia familiar en Lima, 2024

Descripción del Articulo

La investigación analiza la relación entre la tipificación penal de la omisión de asistencia familiar y el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias en Lima Metropolitana. El estudio, de enfoque básico, diseño no experimental, correlacional y transversal, se desarrolló con una muestra d...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Olascuaga Saco, Marco Antonio
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad José Carlos Mariátegui
Repositorio:UJCM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ujcm.edu.pe:20.500.12819/4010
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12819/4010
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Omisión de asistencia familiar
obligaciones alimentarias
efectividad penal
sistema judicial
políticas públicas
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La investigación analiza la relación entre la tipificación penal de la omisión de asistencia familiar y el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias en Lima Metropolitana. El estudio, de enfoque básico, diseño no experimental, correlacional y transversal, se desarrolló con una muestra de 40 profesionales del derecho especializados en materia penal y de familia. Mediante encuestas y análisis documental, se identificaron deficiencias en la aplicación práctica de la norma penal, evidenciando que las sanciones privativas de libertad no siempre garantizan el cumplimiento oportuno de las pensiones alimenticias, y en ocasiones agravan la situación del alimentista. Los resultados destacan la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos, como la retención de ingresos, medidas patrimoniales y una mejor articulación interinstitucional para la ejecución efectiva de sentencias. Asimismo, se evidencia que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias responde, en gran medida, a conductas voluntarias de los obligados, pese a su capacidad económica. Se concluye que la regulación penal vigente presenta limitaciones en la protección de los derechos del alimentista, por lo que se proponen estrategias orientadas a mejorar la eficacia del sistema judicial y de las políticas públicas, priorizando el bienestar de los sectores vulnerables y promoviendo una cultura de responsabilidad familiar.
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