Derecho de defensa del imputado en los procesos de violencia familiar en Lima 2024

Descripción del Articulo

En la presente investigación se propuso como objetivo general analizar cómo se afecta el Derecho de Defensa del imputado en los procesos de violencia familiar en Lima 2024, identificando las principales vulneraciones a sus garantías procesales y el rol del abogado defensor. Mediante un enfoque cuali...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Sánchez Tapia, María Mercedes
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Repositorio:UIGV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uigv.edu.pe:20.500.11818/9800
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.11818/9800
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:derecho de defensa
violencia familiar
debido proceso
medidas de protección
garantías procesales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:En la presente investigación se propuso como objetivo general analizar cómo se afecta el Derecho de Defensa del imputado en los procesos de violencia familiar en Lima 2024, identificando las principales vulneraciones a sus garantías procesales y el rol del abogado defensor. Mediante un enfoque cualitativo y análisis de expedientes judiciales,normativa y jurisprudencia, se determinó que las medidas de protección (Ley 30364)suelen dictarse sin audiencia previa al imputado, afectando su derecho a la contradicción,presunción de inocencia y acceso a pruebas. Aunque la Constitución peruana y el NCPP reconocen estas garantías, en la práctica predominan criterios judiciales que priorizan la protección de la víctima sin ponderar equitativamente los derechos del acusado.Asimismo, se evidenció que la defensa técnica enfrenta limitaciones como falta de especialización y sobrecarga procesal, reduciendo su eficacia. La investigación concluye afirmando que, el derecho de defensa del imputado se encuentra afectado, especialmente en las etapas iniciales del procedimiento. Esta afectación se manifiesta, principalmente,en la emisión de medidas de protección sin audiencia previa, basadas únicamente en denuncias preliminares carentes de pruebas suficientes. Tal práctica judicial genera escenarios de indefensión procesal, al impedir que el imputado acceda oportunamente a los medios probatorios o pueda controvertir los elementos alegados por la parte denunciante.
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