La verificación - fiscalización posterior - y su regulación en la normativa de contratación pública peruana

• Autor: Limache Rozas, Franklin Richard
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Inca Garcilaso de la Vega
• Repositorio: UIGV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uigv.edu.pe:20.500.11818/8577
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.11818/8577
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: verificación; fiscalización posterior; normativa de contratación pública; procedimiento de selección; información inexacta; documentos falsos o adulterados; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación busca conocer y analizar la regulación del procedimiento de “Verificación” —fiscalización posterior— en concordancia con la normativa de contratación pública peruana, para adoptar una postura al respecto. El procedimiento de verificación coadyuva a la administración pública a cautelar el principio de integridad inherente a la normativa antes señalada. Se ha escrito poco sobre el tema pese a su importancia en las adquisiciones realizadas por las entidades convocantes de procedimientos de contratación para la satisfacción del interés público, puesto que ayuda a evitar contratar con proveedores que carecen de las condiciones y calificaciones para tal fin y reduce el riesgo de posibles contingencias en la etapa de ejecución contractual. El análisis incluyó la revisión de las disposiciones del ordenamiento jurídico administrativo peruano, norma de carácter general, y la revisión de las disposiciones normativas en materia de contratos públicos, para luego procesar y sistematizar la información que permitió establecer la naturaleza jurídica, aspectos sustantivos y procesales del procedimiento de verificación, así como la carencia de un procedimiento estándar para su realización. Finalizamos describiendo que, al no existir un procedimiento de verificación, sino, por el contrario, dispersión normativa, se genera el riesgo de incumplimiento de las disposiciones normativas. Por esta razón, se brinda aportes a los servidores públicos encargados de su ejecución y se sustenta la necesidad de contar con una regulación que evite la discrecionalidad y posibles malas prácticas en su desarrollo.