Análisis de la Legalidad del Régimen de Revisión de Oficio de la Ley de Contrataciones del Estado en las Empresas Públicas en el Ordenamiento peruano

• Autor: Ordinola Talledo, Getulio Iván
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/5353
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/5353
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Empresas públicas -- Régimen jurídico; Contratos públicos -- Aspectos jurídicos; Proceso administrativo -- Aspectos jurídicos; Derecho administrativo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En Perú pocas investigaciones se han realizado respecto a la naturaleza jurídica y alcance de las Empresas del Estado. Por ello, resulta de interés determinar en qué medida se asemejan con las Administraciones y así analizar el principio constitucional-legal de paridad frente a las empresas privadas en régimen de mercado o en actividad reservada, identificando los casos en que la regulación es favorable y desfavorable, especialmente en el régimen de contratación pública, en apoyo jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de algunos órganos jurisdiccionales y principalmente de la praxis del OSCE. Siendo esto así, de entre las particularidades que las Empresas del Estado –en todos los niveles del Gobierno– ostentan al ejercer actividades o prestar servicios bajo normas de Derecho Privado encuentra justificación que se sometan a principios de contratación pública, pues al estar controladas, y financiadas por el Poder Público se requiere que el uso de los fondos públicos o fondos de mercado se lleve a cabo por canales de transparencia y bajo un sistema concurrencial, pero resulta irrazonable o por lo menos, jurídicamente inadmisible, que la norma les otorgue potestades administrativas, entre las cuales está, la de revisión de oficio de sus actos. No obstante, las dos propuestas de lege ferenda que se plantean en la investigación son percibidas positivamente por el sector doctrinal, aunque con poca atención del Legislador y nulo respaldo de la jurisprudencia peruana.