Prueba ilícita en el delito de cohecho activo y pasivo, en la corte superior de justicia de lima, 2023

• Autor: Caceres Taype, Rolando
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/135919
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/135919
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Prueba ilícita; Proceso penal; Cohecho activo; Cohecho pasivo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La base de nuestro trabajo de investigación es el tratamiento jurídico de las pruebas ilegales o pruebas presentadas por jueces, fiscales, abogados cuando inician y utilizan procedimientos que violan la ley y la privacidad. , el objetivo general propuesto es analizar cómo se manejó la prueba ilegal en un caso penal de cohecho en la Corte Superior de Lima en el año 2023” utilizando la teoría fundamentada y un desarrollo metodológico no experimental, una metodología de investigación cualitativa con alcance descriptivo y explicativo, centrándose sobre la comprensión del fenómeno estudiado en la situación social y jurídica Para lograr los objetivos planteados, se adaptaron igualmente diversas herramientas de recolección de datos, incluidas guías de entrevista orientadas a profesionales, entre ellos: magistrados, jueces y abogados expertos en derecho penal. He estudiado jurisprudencia local e internacional, mostrando las hipótesis jurídicas propuestas como posibles respuestas a nuestros interrogantes. La evidencia suprimida se obtiene violando el derecho de una persona a la privacidad sin su consentimiento. Estos derechos están tomados en cuenta en nuestras normas fundamentales, en nuestra constitución política peruana. Asimismo, la Corte Constitucional aclaró quién ha violado los derechos de la persona y violado la ilegalidad del procedimiento, identificando nuestro ordenamiento jurídico, artículo 155, inciso 1. 2, del nuevo Código de Procedimiento Penal, que estipula que toda prueba debe ser presentada al Ministerio de Estado u otros procedimientos autorizados a solicitud del sujeto. El magistrado responderá a su confirmación con un documento perfectamente razonable, salvo que resulte inconveniente y no exigido por la ley.