Razones jurídicas para modificar el artículo 122-B del código penal respecto al daño psicológico, cognitivo y conductual de la víctima

Descripción del Articulo

El presente estudio aborda la necesidad de modificar el artículo 122-B del Código Penal para establecer criterios claros y objetivos en la valoración del daño psicológico, cognitivo y conductual en víctimas de violencia familiar. Este planteamiento responde a deficiencias en la normativa vigente, la...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Tejada Ducos, Eduardo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/169663
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/169663
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho penal
Violencia
Víctimas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente estudio aborda la necesidad de modificar el artículo 122-B del Código Penal para establecer criterios claros y objetivos en la valoración del daño psicológico, cognitivo y conductual en víctimas de violencia familiar. Este planteamiento responde a deficiencias en la normativa vigente, la cual carece de pautas precisas para evaluar el impacto de la violencia familiar en las víctimas, limitando así su acceso a una justicia adecuada y a una valoración integral de su bienestar. El objetivo general es identificar las razones jurídicas que fundamentan esta modificación, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3), relacionado con la salud y el bienestar, al mejorar los derechos humanos y garantizar una protección más efectiva para las víctimas de violencia familiar. Para lograr este objetivo, se han propuesto objetivos específicos: primero, analizar la aplicación actual del artículo 122-B en casos de violencia familiar para evidenciar las dificultades en la valoración del daño en sus dimensiones psicológica, cognitiva y conductual; segundo, evaluar los precedentes judiciales que muestran la necesidad de criterios de probanza más precisos; y, finalmente, proponer una reforma que integre criterios claros y objetivos para la valoración de estos daños.
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