Factores que limitan la tramitación de procesos de desalojo en el Juzgado de Paz Letrado sede Chimú 2019 - 2021

• Autor: Garcia Torres, Fredy
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/167183
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/167183
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Despejo de Domicílio; Instituciones; Gestión; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo general del estudio fue identificar los factores que limitan la tramitación de los procesos de desalojo en el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, sede Chimú, durante el período 2019-2021. La investigación se alineó con el ODS N° 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas", promoviendo el acceso equitativo a la justicia y el fortalecimiento institucional. Se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con diseño no experimental y transversal. La población de estudio incluyó a dos jueces y cuatro abogados especializados en la temática, seleccionados mediante criterios de relevancia y experiencia. Los principales hallazgos evidencian que la carga procesal excesiva, la insuficiencia de recursos humanos, logísticos y económicos, así como el desconocimiento de las normas por parte de los operadores de justicia, limitan significativamente la celeridad y eficacia de estos procesos. Los entrevistados subrayaron que estas limitaciones ocasionan perjuicios económicos a los propietarios, quienes no pueden recuperar sus bienes de manera oportuna, además de generar acumulación de casos y retrasos en la ejecución de sentencias. En cuanto a las conclusiones, se constató que es necesario implementar programas de capacitación continua para jueces y personal judicial, incrementar el personal y recursos disponibles, y adoptar tecnologías modernas que mejoren la gestión judicial. Estos cambios podrían contribuir a reducir los retrasos y garantizar un acceso más eficiente y equitativo a la justicia en los procesos de desalojo.