Liquidación de devengados y principio de oportunidad delito contra la familia en incumplimiento de obligación alimentaria, Distrito Judicial Lima 2020

• Autor: Montes Barreto, Haydeé
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/56203
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/56203
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos contra la familia - Aspectos legales - Perú; Juicio de alimentos - Aspectos legales - Perú; Obligación alimentaria - Perú; Pensión alimentaria - Aspectos legales - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presente investigación tiene por objetivo describir cómo se manifiesta la Liquidación de Devengados y Principio de Oportunidad en el Delito contra la Familia en el incumplimiento de la Obligación Alimentaria Distrito Judicial de Lima 2020. Para ello, se estudió doctrinariamente como categorías a la liquidación de devengados: que se subdivide en: delito a la obligación alimentaria, determinación de los intereses devengados y la protección al menor; y el principio de oportunidad: se subdividió en excepción al principio de legalidad, el proceso inmediato y el acuerdo reparatorio. Para luego analizar doctrinariamente el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. El método de estudio es no experimental, descriptivo, con un enfoque cualitativo. Para la muestra, se realizaron entrevistas con personas especializadas en la materia. En la entrevista, se tomó en cuenta la opinión de dos fiscales, de dos abogados y de dos asistentes de fiscal. En total se realizaron 9 preguntas relacionadas al tema de investigación. Con el resultado de esta investigación se logró observar que la correcta aplicación del Principio de Oportunidad en la liquidación de devengados es ventajosa para la víctima ya que obtiene una justicia oportuna, rápida y busca el resarcimiento económico al daño causado. También es ventajoso para el imputado porque le aumenta la posibilidad de rehabilitación y reinserción en la comunidad. Asimismo, para el Estado, ya que le significaría un ahorro de recursos materiales y humanos además de satisfacer con rapidez las demandas de justicia de las personas.