Las garantías normativas y políticas públicas de inserción laboral a personas de pueblos originarios en Guayaquil 2025

• Autores: Cortez Coroso, Joyce Esther, Lozano Rivera, Martín Wilson
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/168523
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/168523
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Políticas laborales; Garantías normativas; Pueblos originarios; Inclusión; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

En un entorno cada vez mas globalizado, intercultural y multiétnico, la aplicación efectiva de las garantías constitucionales resulta fundamental para reducir las desigualdades y promover la inclusión laboral de los pueblos originarios en el Ecuador, a pesar de los avances normativos, aun persisten brechas estructurales que limitan el acceso equitativo al empleo para estos colectivos, la deuda histórica con los nuevos sujetos colectivos y el papel de las políticas públicas laborales desde una mirada crítica, jurídica y social puede ser el cambio, razón por la que esta investigación tiene como finalidad Determinar la relación entre las garantías constitucionales y las políticas públicas de inserción laboral dirigidas a personas de pueblos originarios, mediante la metodología cuantitativa con diseño no experimental y de corte transversal mediante el formulario de encuestas estructuradas dirigidas a los representantes de las organizaciones sociales en un total de 115 obteniendo como resultado una correlación positiva moderada (ρ = 0.61, p = 0.000) entre las garantías constitucionales y las políticas públicas laborales, para lo cual se puede concluir que las garantías constitucionales deben convertirse en herramientas efectivas para transformar la realidad de exclusión que enfrentan los pueblos originarios al confirmar que, cuando estas garantías se articulan adecuadamente con políticas públicas diseñadas desde el territorio y con participación activa de los colectivos, se generan mejores condiciones de inclusión laboral y justicia social, para avanzar hacia una gobernabilidad democrática e inclusiva, se requiere una gestión pública sensible, ética y flexible, capaz de incorporar la diversidad como principio rector en el diseño, implementación y evaluación de las políticas.