Efectos de las Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional en la Administración de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos

• Autor: Avendaño Reynoso, Alejandra
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2015
• Institución: Universidad Católica de Santa María
• Repositorio: UCSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucsm.edu.pe:20.500.12920/9373
• Enlace del recurso: https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/9373
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tribunal Constitucional, Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional cumple una función de suma importancia en nuestro país. Es innegable que estamos ante una institución pública que funciona bien y que goza del reconocimiento mayoritario de la ciudadanía, ello a medida que los fallos emitidos en gran parte son de aceptable valoración, dada la temática que resuelven. Si bien es cierto los órganos jurisdiccionales no son de valoración social y más allá de los discursos y las discrepancias que podamos formular en relación con ciertos fallos, en términos generales, el Tribunal Constitucional en nuestro país viene cumpliendo una función de defensa y protección efectiva de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Esto no es poca cosa, si tenemos en cuenta que desde hace diez años contamos en forma formal con una adecuada judicatura constitucional, considerando ello a razón de la existencia del Código Procesal Constitucional, a pesar que existe el Tribunal Constitucional desde el año 1979 y el Tribunal de Garantías Constitucionales desde 1979, siendo dichas fechas simplemente números frente al activismo constitucional de los últimos diez años. Si revisamos los fallos del Tribunal Constitucional de un tiempo a esta parte, advertiremos rápidamente un conjunto de sentencias que protegen y tutelan derechos constitucionales de la población. Contra el despido arbitrario, sobre el auxilio judicial para personas de escasos recursos, contra las ordenanzas municipales que establecen arbitrios públicos, contra las ordenanzas de municipalidades que autorizan actividades que perjudican o ponen en riesgo la integridad de las personas, el acceso a la información pública, medicinas para enfermos de sida, sanción penal por dilación judicial, cierre de discotecas, ley de medio pasaje, atención de niños y gestantes por contaminación en centros mineros, secretismo judicial y control ciudadano, Ordenanzas Regionales que declaran patrimonio cultural a la hoja de coca y un sin fin de casos que ha resuelto el Tribunal Constitucional en su calidad de supremo interprete de la Constitución y guardián de los Derechos Humanos. También tenemos otras sentencias que reconocen nuevos derechos fundamentales como la objeción de conciencia, el derecho a la verdad, derecho al agua, derecho al desarrollo de la libre personalidad y más. Esta labor del Tribunal Constitucional no pasa desapercibida por el grueso de la población. Prueba de ello es el respaldo ciudadano que poco a poco viene ganando el Tribunal Constitucional como órgano de defensa y protección de los derechos constitucionales. Ello es significativo en un país como el nuestro, donde el escepticismo ciudadano frente al Poder Judicial es grande. Este desarrollo constitucional se debe al fortalecimiento de la judicatura constitucional en nuestro país, como señalamos anteriormente, ello no solo por la dación del Código Procesal Constitucional, sino también por lo que ello conllevo, como es la dación de precedentes vinculantes y la jurisprudencia constitucional como parámetro ordenador en la tarea de aplicación de la norma ordinaria y constitucional y, por otra parte, la valoración de la tarea interpretativa del interprete constitucional, la misma que se ha visto en las diversas sentencias que emite el TC y que ha conllevado resolver múltiples situaciones, las mismas que indistintamente de fallos acertados o cuestionados, han servido para marcar el camino de la administración de justicia en nuestro país, siendo tarea de la presente investigación analizar el rol del Tribunal Constitucional en su doble vertiente, ya sea como interprete constitucional (defensor de los derechos humanos) y guardián de la constitución (órgano jurisdiccional).