El principio de confianza en los delitos de corrupción de funcionarios según la jurisprudencia de la Corte Suprema

• Autor: Yurivilca Ramos, Joshelyn Angelica
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/18491
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/18491
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Corrupción; Corruption; Funcionarios públicos; Public officials; Tribunales constitucionales; Constitutional courts; Delitos; Crimes; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo la Corte Suprema del Perú aplicó el principio de confianza en los delitos de corrupción de funcionarios entre los años 2010 y 2023, y determinar el impacto que dicha aplicación tuvo en la eficacia de la lucha contra la corrupción. Se empleó una metodología de enfoque cualitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo y diseño fenomenológico. La recolección de datos se basó en el análisis de sentencias emitidas por la Corte Suprema, utilizando una guía de análisis jurisprudencial que permitió extraer criterios dogmáticos y estructurar las categorías de estudio. Los resultados indicaron que la aplicación del principio de confianza se fundamentó en la distribución de funciones, la delegación de competencias y la conducta neutral de los funcionarios, estableciendo límites como la falta de idoneidad del subordinado o el incumplimiento objetivo de deberes. Además, se evidenció una evolución jurisprudencial que, aunque aún dispersa, ha venido construyendo un marco teórico progresivo. Sin embargo, también se identificaron contradicciones y falta de uniformidad en los criterios aplicados, lo que ha generado riesgos de impunidad y afectado la predictibilidad judicial. Se concluye que la aplicación del principio de confianza, si bien ha contribuido a la construcción de estándares interpretativos en el ámbito penal, requiere una mayor sistematización y coherencia jurisprudencial para fortalecer la seguridad jurídica y la efectividad de las políticas anticorrupción en el país.